Victoria para la ALE con la aprobación del reglamento BRIDGEforEU sobre cooperación transfronteriza
El grupo político de la Alianza Libre Europea (ALE) celebra la aprobación por parte del Parlamento Europeo del reglamento BRIDGEforEU, un esperado avance legislativo para mejorar la vida de las personas que viven en regiones transfronterizas.
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el reglamento BRIDGEforEU, cuyo objetivo es abordar los obstáculos legales y administrativos que dificultan la cooperación transfronteriza dentro de la Unión Europea.
La nueva normativa establece un marco de coordinación voluntario para que los Estados miembros puedan identificar y resolver los obstáculos que afectan a la planificación, financiación y ejecución de proyectos europeos en zonas fronterizas, donde viven más de 150 millones de ciudadanos de la UE.
El reglamento prevé la creación de Puntos de Coordinación Transfronteriza, que evaluarán las solicitudes presentadas por entidades jurídicas y actuarán como enlace con las autoridades nacionales para buscar soluciones. También se creará un registro público para documentar y hacer seguimiento de los obstáculos detectados.
Ana Miranda, eurodiputada de la ALE y ponente sombra del grupo Verdes/ALE, ha declarado:
"Con la aprobación de la normativa BRIDGEforEU que tuvo lugar hoy en el pleno de la Eurocámara se cumple una demanda de la ALE: avanzar en la eliminación de los obstáculos en las fronteras para construir una Europa de los Pueblos".
"Tenemos que tener muy presente que el Reglamento apoya el desarrollo de los territorios fronterizos, en los que viven más de 150 millones de ciudadanos de la Unión Europea mediante la introducción de un procedimiento estándar para identificar y resolver los obstáculos transfronterizos que dificultan que la ciudadanía y las empresas puedan beneficiarse plenamente de la integración en la UE y en este sentido jugarán un papel fundamental los puntos de cooperación transfronterizos".
"Este nuevo Reglamento permitirá dar solución a problemas cotidianos de la ciudadanía que vive en los territorios fronterizos, como son el reconocimiento de títulos, los problemas administrativos relacionados con la sanidad o el desarrollo de políticas medioambientales, así como el transporte".
El reglamento se basa en el acuerdo alcanzado en trílogo en diciembre de 2024, tras más de seis años de negociaciones.