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Pressemitteilung


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Dieselgate

Vertragsverletzungsverfahren waren überfällig


Die EU-Kommission hat an diesem Donnerstag Vertragsverletzungsverfahren gegen sieben EU-Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, eingeleitet. Der Vorwurf: Die Staaten haben keine Strafen für Automobilkonzerne eingeführt, die verbotene Software in ihre Fahrzeuge eingebaut haben, um bei Abgastest besser abzuschneiden. Die EU-Gesetzgebung schreibt ein solches Sanktionssystem vor. Außerdem haben einige Staaten keine Sanktionen verhängt, obwohl Gesetzesverstöße festgestellt worden waren – wie im Falle Deutschlands. Dazu sagt Rebecca Harms, Mitglied im Dieselgate-Untersuchungsausschuss EMIS:

"Die Arbeit des Dieselgate-Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament trägt erste Früchte: Es war höchste Zeit, dass die EU-Kommission sich traut, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten - auch gegen die Autonation Deutschland. Die Entscheidung war Jahre überfällig. Die EU-Kommission hat immer wieder behauptet, sie hätte gegen die EU-Mitgliedsstaaten keine Handhabe.  Die Eröffnung des Verfahrens heute zeigt, dass diese Behauptungen Unsinn waren. EU-Grenzwerte zum Gesundheitsschutz wurden über Jahre hinweg von den Autoherstellern missachtet und Verbraucherinnen und Verbraucher wurden bewusst über die Emissionen ihrer Fahrzeuge getäuscht. Dieser Betrug darf nicht ungeahndet bleiben. Wenn Regierungen dem untätig zuschauen, müssen sie dafür belangt werden. Die mangelnde Umsetzung europäischer Gesetzgebung zeigt einmal mehr, wie dringend wir eine europäische Kontrollinstanz bei der Zulassung von Neuwagen brauchen."

Fraude en la industria de automóviles

La CE reprende a España por no sancionar el uso de dispositivos que falsifican emisiones


La Comisión Europea ha iniciado hoy procedimientos de infracción contra siete (*) Estados miembros de la UE, entre los que está España.  Los estados son acusados ​​de no haber establecido un sistema de sanciones para las compañías de automóviles que instalaron software prohibido en sus vehículos para falsificar las emisiones contaminantes. Este sistema de sanciones está prescrito en la legislación de la UE, y en el caso español, la Comisión Europea es clara: la aplicación por parte de España del artículo 13 del Reglamento (UE) nº 715/2007 carece de la eficacia exigida por el Derecho de la UE en lo que respecta al uso de dispositivos fraudulentos por parte de SEAT.

Ante el anuncio, el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha declarado lo siguiente:

"Se trata de uno de los mayores fraudes recientes en la industria de automoción, que además de ser ilegal, es una amenaza para la salud pública. Es por ello que hoy celebramos que la Comisión Europea finalmente se haya atrevido a iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros, incluido España. Unos 40 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos están hoy expuestos a un aire contaminado y peligroso, que contiene altos niveles de partículas finas y dióxido de nitrógeno, reconocidos como gravemente perjudiciales para la salud y el clima. El coste de esta contaminación es enorme en términos humanos: hablamos de 400.000 muertes prematuras en Europa cada año. Por no hablar de la enorme carga financiera, ya que la contaminación cuesta cada año cerca de € 766 mil millones a la Unión Europea."

"En conjunto, celebramos que sea fruto de la presión de nuestro grupo Los Verdes/ALE, quienes fuimos decisivos en el establecimiento de una comisión de investigación en el Parlamento Europeo sobre el escándalo de las emisiones Diéselgate el pasado año. Está claro que la creciente presión generada por la investigación iniciada ha sido un factor clave para impulsar a la Comisión a actuar".

Ernest Urtasun, eurodiputado y portavoz de ICV ha añadido

“El anuncio de hoy demuestra también que la Comisión tiene efectivamente la capacidad de tomar medidas contra los Estados miembros, algo que ha negado en repetidas ocasiones en el pasado. La falta de aplicación de la legislación europea en materia de emisiones demuestra una vez más la urgente necesidad de que exista una autoridad europea que supervise el registro de automóviles nuevos. No debemos olvidar que el escándalo DieselGate no ha sido solo una violación de la legislación europea sino también un atentado grave a la salud de los ciudadanos europeos y a los derechos de los consumidores”.

La petición que lanzaron los eurodiputados de Los Verdes/Ale, Florent Marcellesi y Karima Delli, logró en la plataforma change.org más de 155.000 firmas para pedir la creación de una comisión de investigación sobre el Dieselgate en el Parlamento Europeo. (https://www.change.org/p/comisi%C3%B3n-europea-por-una-investigaci%C3%B3n-sobre-el-caso-di%C3%A9selgate)

 

(*) Junto a España, otros países como República Checa, Grecia, Alemania, Lituania, Luxemburgo, y Reino Unido se enfrentan al proceso de infracción abierto por la Comisión Europea.